La Fiscalía brasileña acusó de nuevo este lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), por lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, informó el Ministerio Público en Sao Paulo.
"Según la denuncia, utilizando su prestigio internacional, Lula influyó en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que resultaron en la ampliación de negocios del grupo brasileño ARG en ese país africano", explica el comunicado de los procuradores encargados de la Operación anticorrupción Lava Jato.
A cambio, la Fiscalía de Sao Paulo afirma que el expresidente, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, habría recibido un millón de reales (263 mil dólares al cambio actual) "disimulados" como donaciones para el Instituto Lula entre septiembre de 2011 y junio de 2012.
El Instituto Lula, de su lado, negó las acusaciones. "Todas las donaciones al Instituto Lula son legales, declaradas, registradas, pagaron los debidos impuestos, fueron usadas en las actividades del Instituto y nunca tuvieron ningún tipo de contrapartida", señaló en un breve comunicado difundido este lunes.
La Fiscalía también denunció al funcionario del Grupo ARG Rodolfo Giannetti Geo por lavado de dinero y tráfico de influencia en transacción comercial internacional. El exmandatario, al tener más de 70 años, no fue acusado de este último crimen.
De acuerdo con la acusación, "Rodolfo Giannetti Geo buscó al expresidente para que mediara con el mandatario Teodoro Obiang para que su gobierno continuase realizando transacciones comerciales con el Grupo ARG, especialmente en la construcción de carreteras".
El Ministerio Público dice que correos electrónicos encontrados en computadores del Instituto Lula, confiscados en marzo de 2016 en una de las fases de la operación Lava Jato, sustentan la denuncia.
El Grupo ARG aún no se ha pronunciado.
Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
El expresidente, de 73 años, es investigado en otros cinco procesos ante la justicia brasileña. El icono de la izquierda latinoamericana se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.